Portal Juridico de Cantabria.

TORRELAVEGA

El juez archiva la última causa penal abierta contra directivos de Aqualia

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Torrelavega ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la última causa penal que el Ayuntamiento tenía abierta contra Aqualia, su socio privado en la empresa que gestiona el ciclo integral del agua (Aguator). La reciente renuncia de la administración municipal a la acción penal tras llegar un acuerdo con la empresa para la extinción del contrato y la petición de sobreseimiento provisional del Ministerio Fiscal, han motivado esta decisión judicial.

En el procedimiento archivado se denunció que se realizaron tres pedidos de carbón activo -se utiliza para eliminar contaminantes en la Estación de Tratamiento de Aguas- durante 1998, 1999 y 2000, que habrían sido desviados a la estación de aguas de Talavera de la Reina, pero que fueron abonados por Aguas Torrelavega. Cuatro directivos de la empresa se enfrentaban a un presunto delito continuado de estafa por este asunto. La incoación de las diligencias se remonta al año 2002, como una ampliación de una querella.
Falta de pruebas
El escrito del fiscal, fechado el 4 de noviembre, llega días después de la decisión plenaria de extinguir el contrato con Aqualia y retirar todos los procedimientos administrativos y judiciales. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional al entender que no resulta «debidamente justificada» la comisión del delito de estafa que motivo la causa. No obstante, el fiscal considera que, si bien existen indicios de una actuación «cuando menos poco regular por parte de la empresa», no existen suficientes elementos probatorios para sostener la acusación contra la misma y sus directivos.
Este mismo argumento fue esgrimido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que resultaron determinantes para que el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, llegara al acuerdo con Aqualia para la extinción del contrato. Los letrados municipales dejaron claro en su informe que, de cara a la celebración de la vista oral, «se apreciaban dificultades» en el sostenimiento de la acusación por parte del Ayuntamiento.
Condiciones
La extinción del contrato con Aqualia contempla una serie de condiciones. Así, el Ayuntamiento recibirá 750.000 euros de la empresa en concepto de compensación y comprará las acciones de Aqualia en Aguator, que representan el 51% del total. Ambas partes decidieron también no continuar con los procedimientos administrativos y judiciales que mantienen desde hace varios años. Además, supondrá un ahorro para las arcas municipales de 1, 3 millones de euros, a tenor del cálculo hecho por los técnicos municipales derivado del abono del 'know how' (transferencia de información, técnicas, datos, clientes...) a Aqualia durante los trece años que quedaban de contrato, a razón de 100.000 euros anuales.

 

Los peritos judiciales afirman que en Esles no había contabilidad

La Junta Vecinal de Esles de Cayón funcionaba sin contabilidad durante la etapa en que fue gestionada por José Miguel Fernández, acusado junto a su secretario, Tomás Pérez, de un delito de malversación de caudales públicos.
Los dos se enfrentan a penas de cuatro años de prisión por parte de la acusación particular, ejercida por su sucesor en el cargo, que formuló cargos al percibir movimientos en la cuenta de la Junta que no estaban justificados. El Ministerio Fiscal, en cambio, no ha presentado acusaciones contra ambos.
En la tercera sesión del juicio, que se sigue desde el lunes bajo el Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Cantabria, comparecieron los peritos que examinaron las cuentas de esta entidad menor de ámbito local. Según Europa Press, declararon que no pudieron estudiarlas en sentido estricto porque no existía una contabilidad formal, como la que están habituados a seguir, con registros de entradas y salidas por escrito.
Para hacerse una idea de la gestión en la Junta Vecinal, los peritos tuvieron que recurrir a su cuenta bancaria y estudiar los movimientos de entrada y salida, que, al inicio y final del período estudiado, arrojaron un saldo prácticamente idéntico (en torno a cinco euros).
Pero hubo gastos que se produjeron al margen de esta cuenta, como la reparación de la Iglesia, 18.000 euros que se ingresaron en otra cuenta, con cuatro titulares: el presidente, el secretario y dos de las mujeres que gestionaron el desarrollo de la obra, que, finalmente, acabaría costando 33.000 euros, como explicaron ellas.
Carácter autónomo
El alcalde de Santa María de Cayón, el 'popular' Gastón Gómez, municipio al que pertenece esta pedanía, recalcó el carácter autónomo e independiente de esta Junta Vecinal, a la que el Ayuntamiento contribuía a financiar con 600 euros, además de ejecutar varias obras. Esles logró ingresos extraordinarios por la subasta de lotes de eucalipto para la tala. Parte de ellos se dirigieron a la rehabilitación de la iglesia y parte del resto se ofreció a los vecinos, bien en especie (grava) bien en metálico (240 euros), según se decidió en un Concejo Abierto antes de las elecciones de 2007.
Tras ellas, el presidente no sería reelegido y su sucesor no quiso hacer frente a este gasto, relató el alcalde, que contó al Jurado cómo vecinos del pueblo le reclamaron a él esas cantidades.
El presidente de la Junta hasta 2007 fue elegido dentro de las listas del PP y no repitió candidatura. Su sucesor pertenece al PRC y presentó la denuncia al detectar movimientos cercanos a los 30.000 euros en las cuentas, dinero que fue devuelto más de un año después por su predecesor.

No hay comentarios: