TORRELAVEGA
El juez archiva la última causa penal abierta contra directivos de Aqualia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Torrelavega ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la última causa penal que el Ayuntamiento tenía abierta contra Aqualia, su socio privado en la empresa que gestiona el ciclo integral del agua (Aguator). La reciente renuncia de la administración municipal a la acción penal tras llegar un acuerdo con la empresa para la extinción del contrato y la petición de sobreseimiento provisional del Ministerio Fiscal, han motivado esta decisión judicial.
En el procedimiento archivado se denunció que se
realizaron tres pedidos de carbón activo -se utiliza para eliminar
contaminantes en la Estación de Tratamiento de Aguas- durante 1998, 1999
y 2000, que habrían sido desviados a la estación de aguas de Talavera
de la Reina, pero que fueron abonados por Aguas Torrelavega. Cuatro
directivos de la empresa se enfrentaban a un presunto delito continuado
de estafa por este asunto. La incoación de las diligencias se remonta al
año 2002, como una ampliación de una querella.
Falta de pruebas
El escrito del fiscal, fechado el 4 de noviembre, llega
días después de la decisión plenaria de extinguir el contrato con
Aqualia y retirar todos los procedimientos administrativos y judiciales.
El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional al entender
que no resulta «debidamente justificada» la comisión del delito de
estafa que motivo la causa. No obstante, el fiscal considera que, si
bien existen indicios de una actuación «cuando menos poco regular por
parte de la empresa», no existen suficientes elementos probatorios para
sostener la acusación contra la misma y sus directivos.
Este mismo argumento fue esgrimido por los servicios
jurídicos del Ayuntamiento, que resultaron determinantes para que el
alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, llegara al acuerdo con
Aqualia para la extinción del contrato. Los letrados municipales dejaron
claro en su informe que, de cara a la celebración de la vista oral, «se
apreciaban dificultades» en el sostenimiento de la acusación por parte
del Ayuntamiento.
Condiciones
La extinción del contrato con Aqualia contempla una serie
de condiciones. Así, el Ayuntamiento recibirá 750.000 euros de la
empresa en concepto de compensación y comprará las acciones de Aqualia
en Aguator, que representan el 51% del total. Ambas partes decidieron
también no continuar con los procedimientos administrativos y judiciales
que mantienen desde hace varios años. Además, supondrá un ahorro para
las arcas municipales de 1, 3 millones de euros, a tenor del cálculo
hecho por los técnicos municipales derivado del abono del 'know how'
(transferencia de información, técnicas, datos, clientes...) a Aqualia
durante los trece años que quedaban de contrato, a razón de 100.000
euros anuales.
Los peritos judiciales afirman que en Esles no había contabilidad
La Junta Vecinal de Esles de Cayón funcionaba sin
contabilidad durante la etapa en que fue gestionada por José Miguel
Fernández, acusado junto a su secretario, Tomás Pérez, de un delito de
malversación de caudales públicos.
Los dos se enfrentan a penas de cuatro años de prisión
por parte de la acusación particular, ejercida por su sucesor en el
cargo, que formuló cargos al percibir movimientos en la cuenta de la
Junta que no estaban justificados. El Ministerio Fiscal, en cambio, no
ha presentado acusaciones contra ambos.
En la tercera sesión del juicio, que se sigue desde el
lunes bajo el Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de
Cantabria, comparecieron los peritos que examinaron las cuentas de esta
entidad menor de ámbito local. Según Europa Press, declararon que no
pudieron estudiarlas en sentido estricto porque no existía una
contabilidad formal, como la que están habituados a seguir, con
registros de entradas y salidas por escrito.
Para hacerse una idea de la gestión en la Junta Vecinal,
los peritos tuvieron que recurrir a su cuenta bancaria y estudiar los
movimientos de entrada y salida, que, al inicio y final del período
estudiado, arrojaron un saldo prácticamente idéntico (en torno a cinco
euros).
Pero hubo gastos que se produjeron al margen de esta
cuenta, como la reparación de la Iglesia, 18.000 euros que se ingresaron
en otra cuenta, con cuatro titulares: el presidente, el secretario y
dos de las mujeres que gestionaron el desarrollo de la obra, que,
finalmente, acabaría costando 33.000 euros, como explicaron ellas.
Carácter autónomo
El alcalde de Santa María de Cayón, el 'popular' Gastón
Gómez, municipio al que pertenece esta pedanía, recalcó el carácter
autónomo e independiente de esta Junta Vecinal, a la que el Ayuntamiento
contribuía a financiar con 600 euros, además de ejecutar varias obras.
Esles logró ingresos extraordinarios por la subasta de lotes de
eucalipto para la tala. Parte de ellos se dirigieron a la rehabilitación
de la iglesia y parte del resto se ofreció a los vecinos, bien en
especie (grava) bien en metálico (240 euros), según se decidió en un
Concejo Abierto antes de las elecciones de 2007.
Tras ellas, el presidente no sería reelegido y su sucesor
no quiso hacer frente a este gasto, relató el alcalde, que contó al
Jurado cómo vecinos del pueblo le reclamaron a él esas cantidades.
El presidente de la Junta hasta 2007 fue elegido dentro
de las listas del PP y no repitió candidatura. Su sucesor pertenece al
PRC y presentó la denuncia al detectar movimientos cercanos a los 30.000
euros en las cuentas, dinero que fue devuelto más de un año después por
su predecesor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario